Palabras del Presidente

Mario Abdo Benítez

En cumplimiento del deber que me impone la Constitución, me presento hoy ante el Honorable Congreso de la Nación, para dar cuenta de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo e informar sobre la situación general de la República y los planes para el futuro.

Mi gratitud al presidente del Congreso y a la mesa directiva saliente. Extiendo mis saludos a las nuevas autoridades, a quienes deseo éxitos para el periodo anual de sesiones que inicia hoy.

Nuestra Constitución, que recientemente cumplió 30 años de vigencia en junio pasado, como muestra de su compromiso con la separación, el equilibro y la coordinación entre los Poderes del Estado, estableció este espacio de diálogo institucional, al que con deber cívico y sentido patriótico comparezco como presidente de la República. La responsabilidad de rendir cuentas ante los representantes de la voluntad popular es un símbolo distintivo de nuestro sistema político, que nos recuerda que ningún funcionario, por más elevado sea su cargo, está exento del escrutinio público.

Al cuarto año de mi periodo presidencial, y ya en el recorrido final de este servicio público con el que fui honrado por la nación, quiero compartir las principales líneas de acción del Gobierno Nacional, no sin antes destacar el legado primordial que esta administración se propuso dejar desde el primer momento: la consolidación de la conciencia moral democrática. La mejor forma de resolver nuestras diferencias, encontrar la vía a la prosperidad y proveer condiciones de vida más equitativas, es mediante el único sistema político que se basa en la soberanía del pueblo.

Las obras, las políticas y todas las gestiones efectuadas por el Poder Ejecutivo, también este último año, adquieren más importancia de lo normal, porque las hemos llevado adelante con el compromiso de preservar lo más valioso que tenemos los paraguayos: el respeto a la institucionalidad. No hemos sacrificado las formas para alcanzar los fines que aspirábamos realizar, por más nobles y correctos que sean. Siempre buscamos que nuestras ideas y planes se enmarquen en las reglas del juego democrático. 

En días en los que se observan proyectos que pretenden sostenerse sin la voluntad popular y por fuera de las reglas del Estado de Derecho, tanto en la esfera nacional como internacional, puedo decir que nuestra principal contribución ha sido luchar frontalmente, con acciones firmes, contra toda manifestación que busque degradar a la república, para ponerla al servicio de intereses particulares o ambiciones autocráticas.

Como en todos los años anteriores de mi gestión, en este cuarto se pudo ver un Ejecutivo deferente con los demás poderes del Estado, respetuoso de la pluralidad política y concentrado en cumplir su programa de gobierno. A pesar de haber lidiado con uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad, la pandemia de Covid-19, en la que perdimos a innumerables ­­seres queridos cuya partida marcó para siempre nuestra historia reciente, hoy miramos hacia atrás y valoramos haber sido, aun en los momentos más críticos, portadores de un mensaje franco y abierto de cara al pueblo, y no los proyectistas de algún itinerario de acaparamiento de las instituciones republicanas y de degradación de los valores de la sociedad. Tengo la responsabilidad de gobernar para todos los habitantes del territorio nacional, por lo que siempre tuve al interés general como brújula.

Me resta un año para cumplir con el honor más grande que puede conceder la ciudadanía paraguaya, señores congresistas. Es el momento de reafirmar que así como no busqué cooptar ninguna institución para evitar el control sobre mi gobierno; así como no me entrometí en las cuestiones propias de la justicia; así como no intenté incidir en la elección de autoridades de organismos ajenos al Poder Ejecutivo; así como no humillé a la función pública, poniéndola al servicio de corporaciones o grupos mafiosos; así como no aproveché información privilegiada del Estado para alimentar los negocios particulares de nadie; del mismo modo, puedo asegurar que no renunciaré a mi obligación de trabajar por las necesidades de la población.

Espero acabar, de una vez por todas, con la infortunada práctica política de buscar echar raíces permanentes en la conducción nacional a cualquier precio. Tendré el orgullo de entregar el poder, con templanza y resiliencia, a la siguiente persona que el pueblo paraguayo designe democráticamente como presidente. Antes de entregar la banda presidencial, como muestra de robustecimiento de nuestro sistema institucional, presentaré un proyecto de ley que reglamente la figura de la senaduría vitalicia, destino honroso e ineludible que nuestros constituyentes previeron para los expresidentes, desde donde buscaré seguir aportando al debate sobre los intereses públicos.        

Ese espíritu de rectitud democrática es el que inspira todas las áreas de trabajo del Gobierno Nacional. No solo hemos hecho una labor trascendental en muchos campos, sino que pudimos, en contraste con un pasado gubernamental a veces oscuro y en ocasiones arbitrario, encargarnos pacíficamente de la gestión pública, reconociendo los errores cuando correspondía y defendiendo con razones nuestras decisiones.

En las diferentes áreas que hacen parte de la labor del gobierno, en la que resaltan la seguridad, la salud pública, las obras de infraestructura y la protección social, entre muchas otras, podrá verse siempre como telón de fondo ese respeto a la institucionalidad, que sin duda alguna legitima con fuerza los números inéditos que tenemos para mostrar y de los cuales podemos enorgullecernos genuinamente. 

Es incuestionable que sin ese marco hubiese sido imposible sobresalir de manera histórica, como lo hizo esta administración, en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. El enfrentamiento a estas manifestaciones delictivas es infructuoso sin un abordaje integral que involucre a todos los órganos de seguridad, cuestión que este gobierno tuvo clara desde sus inicios.

Los resultados que hoy vemos no son fortuitos ni azarosos. Si se triplicó la incautación de cocaína con relación a la administración anterior y se logró un récord en la erradicación de marihuana, alcanzándose 7 mil toneladas con 6 operativos, es porque desde los albores de nuestra gestión nos propusimos coordinar a todas las instituciones del ámbito de la seguridad, y generar la articulación necesaria para obtener frutos significativos y verdaderamente perjudiciales para las organizaciones criminales.

A Ultranza PY representa y encierra de cierto modo los tremendos esfuerzos que se realizaron en este último año de gestión, en el que, tras casi mil operativos, se desplegó el más grande de toda la historia del Paraguay. Un sofisticado conglomerado de empresas, que por años pasó por debajo del radar gubernamental, y que involucraba a traficantes, supuestos empresarios, políticos, proveedores del Estado, líderes religiosos, cooperativistas y personas vinculadas al mundo del deporte, fue desarticulado de modo determinante. Tras 112 procedimientos, se lograron incautar bienes por un valor aproximado de 250 millones de dólares, cifra que constituye el 30 por ciento del patrimonio proveniente del crimen organizado, que se encuentra en manos de la administración del Estado. Vale mencionar que a la fecha y en términos totales, contando desde el inicio de mi gestión, se hallan incautados y administrados bienes de distinta especie que alcanzan los 800 millones de dólares.

Este éxito rotundo contra entramados delictivos de carácter transnacional, no hubiese sido alcanzable sin la gestación de un escenario notable de cooperación internacional, que desafíe con la misma naturaleza transfronteriza a un fenómeno que excede completamente el poder público local. Estos esfuerzos compartidos con los países aliados solo son realizables si intermedia la voluntad política, que en gobiernos anteriores no fue evidentemente igual de clara y firme, como para propiciar el tipo de resultados con los que actualmente contamos. La convergencia de EUROPOL, la DEA y la Policía uruguaya, por mencionar algunas entidades con las que nos sentimos agradecidos y satisfechos de trabajar en conjunto, refleja la importancia de unir energías si queremos ser efectivos contra el crimen organizado.

Nuestra oposición al terrorismo y la delincuencia organizada ha redundado igualmente en otras medidas exitosas. En el marco de las 600 expulsiones del país realizadas por este gobierno, se encuentran personas sindicadas de formar parte de grupos criminales con fuerte presencia territorial en la región, como el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho y otras facciones, contándose 130 personas en el presente año, entre las cuales se encuentra el caso del líder regional del grupo terrorista internacional “Hezbollah”.

Además, en esa inclinación firme contra el terrorismo, recientemente colaboramos para determinar las irregularidades y circunstancias sospechosas del arribo de un avión y su tripulación venezonala-iraní, cuyos integrantes son señalados de haber participado en el transporte de armas en el marco del terrorismo islámico, según revelan los informes de organismos internacionales de investigación. Este sospechoso evento, que hemos seguido en colaboración con agencias de inteligencia, fue alertado a los países afectados por el recorrido de la aeronave con la misma tripulación. Además, hicimos una denuncia penal por financiamiento y asociación terrorista, con la esperanza de que el Ministerio Público determine las responsabilidades de todos los potencialmente implicados.

Igualmente, bajo el manto legal del compromiso de suministrar información para la persecución penal, se han procesado más de 10.000 alertas de prevención de lavado de dinero, y emitido alrededor de dos centenares de informes de inteligencia que contienen indicios de lavado de dinero, realidad que corrobora el empeño del Poder Ejecutivo en combatir el blanqueo de capitales y sus delitos conexos.

Como puede constatarse, la asistencia que el Gobierno Nacional presta al sistema de administración de justicia, siempre en el marco de sus competencias, no tiene otro propósito que el de ver traducidos los esfuerzos en decisiones judiciales, que ofrezcan a la ciudadanía la verdad detrás de los hechos y adjudique las responsabilidades correspondientes. Solo esperamos acciones implacables contra los que quitan ventaja al incumplir las reglas, mientras los demás paraguayos viven conforme a los mandatos de la ley.

Si queremos honrar verdaderamente la memoria del fiscal Marcelo Pecci, víctima de sombrías fuerzas criminales, más allá de que ya se pudo capturar y condenar a algunos de los responsables, gracias a nuestros esfuerzos colaborativos con el gobierno colombiano, resulta necesario que pongamos en práctica una idea constitutiva del Estado de Derecho: la aplicación de la ley penal es innegociable. Aprovecho para renovar mi fe en todos los jueces y fiscales del Paraguay, que tienen la pesada pero digna tarea de asegurar el imperio del ordenamiento jurídico. Desde lo que me corresponde, como presidente de la República, encontrarán siempre un aliado inclaudicable.

La persecución de involucrados en hechos punibles derivó en más de 9 mil detenciones solo en este último año. No obstante, como somos conscientes de lo que supone el aumento de la población en las cárceles y sus efectos, situación que conspira contra el tratamiento digno y la readaptación, llevamos avanzado en un 95 por ciento la construcción de tres nuevos centros, que posibilitarán la implementación de un nuevo modelo de gestión. En esa línea programática, destaca el Instituto Superior de Formación y Educación Penitenciaria, con el que se apuesta a la creación de una carrera penitenciaria acorde con las exigencias y estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos.

No olvidemos, como garantes de la ley que de alguna forma somos todos los funcionarios, que tenemos una angustiosa deuda por saldar. Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis siguen permaneciendo lejos de sus familias, a causa de motivaciones criminales, por lo que estamos reforzando la cruzada nacional para retornarlos e impedir, en el futuro, que otros paraguayos sean arrebatados de los suyos.

 

Señores congresistas,

Entender el contexto económico que atravesamos es imposible sin tener en cuenta elementos externos que tienen raíces internacionales. El mundo sigue arrastrando los efectos de la pandemia y, al mismo tiempo, siente las secuelas de la intervención de Rusia en Ucrania, que incide en todos los segmentos de la economía y ocasiona un entorno general marcado por la desaceleración del crecimiento y una persistente presión inflacionaria. Pese a todo esto, debemos poner sobre la mesa las proyecciones esperanzadoras que en términos generales se anticipan. Con la mirada puesta hacia adelante, se vislumbra el restablecimiento de la eficiencia de las cadenas de suministros y de los procesos productivos, restituyéndose así la escena económica global.

Más allá de la coyuntura crítica internacional, en el plano local nos entregamos con vigor a desplegar medidas que mitigaron la afectación de los sectores más vulnerables, a causa de ese contexto económico de magnitud mundial. En el entendimiento de que no podemos controlar las circunstancias exógenas que superan el manejo interno de nuestra economía, implementamos políticas de contención orientadas a que los trabajadores sientan, lo menos posible, las consecuencias de todo esto que estamos viviendo.

Ahora bien, este tipo de políticas que pudimos tomar en Paraguay no siempre tienen cabida. En nuestro caso, hay que reconocer que la fortaleza macroeconómica, producto de un esfuerzo de larga data que celosamente cuidamos no poner en riesgo, es la que permitió decisiones oportunas y racionales. Respondimos a las necesidades sociales, agudizadas por la crisis económica, asistiendo a trabajadores formales e informales, adoptando medidas tributarias, refinanciando deudas y habilitando créditos especiales desde la banca pública. Esto lo hicimos sin dilapidar los recursos ni poner en jaque la disciplina fiscal que nos caracteriza.

Las medidas vinculadas al Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, aplicadas en lo que va del gobierno, supusieron un sacrifico fiscal de más de 300 millones de dólares, y sirvieron para amortiguar los efectos de la suba de los precios internacionales. Por otra parte, con la convicción de que sencillamente no pueden desmantelarse los mecanismos que en alguna medida garantizan el transporte público, se mantiene el subsidio en el área metropolitana a este servicio esencial para la vida de las personas. Los precios del pasaje en el sistema convencional y en el diferenciado se mantuvieron invariables, hecho que conlleva un mayor sacrificio fiscal.

PETROPAR, a lo largo de este periodo de crisis internacional del combustible, mantiene una administración prudente que tiene en perspectiva a la gente y a sus necesidades. Todo esto fue posible gracias a las compras estratégicas realizadas durante el año 2021, que en combinación con su gran capacidad de almacenamiento, trajo consigo la atenuación de la escalada de los precios de dichos productos, sin perjuicio de un incremento patrimonial sostenido que generó utilidades para el Estado paraguayo.         

Las medidas de protección social adoptadas fueron fundamentales para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia. Solo en el año 2021, los programas de gobierno de carácter permanente, como Tekoporã y Adultos Mayores, evitaron que más de 139 mil personas caigan en la pobreza y unas 99 mil en la indigencia. Los resultados muestran que Paraguay, gracias a su política de contención, no vio aumentada la pobreza total ni la extrema en el año 2021. Respecto a la indigencia, nos distinguimos en la región, donde se proyectó un deterioro para dicho año.

El sector agropecuario es uno de los motores de nuestra economía, puesto que representa el 10 por ciento de nuestro producto interno bruto y el 70 por ciento de la matriz exportadora nacional. En el último año, la sequía hizo que la producción se resienta y resulten urgentes medidas que aplaquen los daños, principalmente en la agricultura familiar, a la que asistimos a través de programas y proyectos que permitieron acceso a la tecnología, y una mejor inserción competitiva en cadenas de valor. La mecanización, entendida como una herramienta clave, alcanzó unas 900 mil hectáreas en fincas de productores de la agricultura familiar, en rubros como maíz, soja y sésamo.    

El armado de la estructura de protección social no solo contiene políticas que mitigan el impacto económico en la población más vulnerable, sino que se extiende a otras esferas, tales como salud, educación, primera infancia, seguridad social, entre tantas más, que hacen parte del aparato público.

Como ocurrió en tantos países, la pandemia vino a evidenciar las debilidades del sistema sanitario. Sin mucho tiempo, pero con la obligación de garantizar debidamente la provisión de servicios hospitalarios, tratamientos médicos integrales, medicamentos de calidad y vacunas, el Gobierno Nacional desarrolló, con rapidez y precisión, un programa de fortalecimiento de la red de salud pública, al que terminó otorgando una potencia incomparable en términos de atención y una corpulencia institucional única en cuanto a recursos y modernización.

Este proceso siguió extendiéndose en el año 2021 y esperamos continuar en esa senda, dado que todavía resta mucho por hacer, por lo que esperamos entregar la posta a la siguiente administración, con la ilusión de que el sistema sanitario sea un tema que nunca más quede fuera de la agenda pública.

El personal de blanco, esos funcionarios que nos dejan ver el verdadero significado de la idea de servicio público, y que solamente merecen nuestro reconocimiento y gratitud, son parte de ese plan de fortalecimiento. La política de desprecarización con la que venimos abriendo paso a la dignificación de los trabajadores de la salud, en fiel cumplimiento de los principios meritocráticos, tiene como objetivo dejar un tejido profesional extenso, que garantice la presencia de personal especializado a lo largo y ancho del país. Hasta ahora, más de 21 mil vínculos laborales han sido parte del proceso de gestión del talento humano en el sector de la salud.

Para la satisfacción del derecho a la salud se requiere de una infraestructura lo suficientemente poderosa, dotada de presupuesto y capacidad de cobertura. Por esa razón, en lo que va de esta administración, prácticamente triplicamos las camas para cuidados críticos en todo el territorio nacional, llegando a un total de 771, de las cuales 93 corresponden a pediatría, 116 a terapia neonatal y 562 a terapia de adultos, con el agregado de que finalmente llegamos al interior del país, cuando esto antes era una realidad propia y exclusiva de Asunción y el Departamento Central. A través del Instituto de Previsión Social, habilitamos 16 nuevos hospitales y centros de salud.  

Otro aspecto sumamente relevante del funcionamiento del sistema sanitario tiene que ver con el suministro de oxígeno. En junio de 2021, cuando se registraban picos de casos de Covid-19, el consumo de oxígeno había aumentado hasta 6 veces y, sin embargo, la provisión no se vio realmente interrumpida, al punto tal que todas las dependencias de salud contaron con este elemento vital. Hoy por hoy existen 39 nuevas plantas generadoras, mientras que en la administración anterior solo fueron construidas 3.

Las Unidades de Salud de la Familia están llegando actualmente a 889, de las cuales, entre nuevas y refaccionadas, intervenimos en 245 en lo que va de mi gobierno.

Hace un año, en esta misma fecha, reparábamos en las vicisitudes que habíamos tenido con el mecanismo COVAX y hablábamos del avance gradual del proceso de vacunación. Hoy la realidad es totalmente otra. Luego de gestiones con países aliados, encaminadas desde la misma Presidencia de la República, llegó una importante cantidad de vacunas, hecho que devino en un crecimiento trascendental de nuestro número de inmunizados. En el 2021, se han recibido más de 9 millones de dosis para el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, y la cobertura, en el plano de la primera dosis, ronda el 60 por ciento, mientras que la segunda y la tercera están llegando al 51 y 21 por ciento, respectivamente.

La pandemia, aunque fue superada en sus primeras fases, todavía extiende sus efectos, por lo que debemos ser conscientes de tomar las medidas de precaución que la ciencia nos señala. El estado de emergencia, tal cual como lo vivimos, ha sido levantado por la Presidencia de la República, y pasamos de medidas sanitarias a recomendaciones de cuidado que, de buena fe y en la mayor medida posible, tenemos que seguir. El Gobierno Nacional, en todas sus ramificaciones, hizo grandes esfuerzos por restituir la normalidad como la conocíamos, recordábamos y añorábamos. Para seguir hacia adelante, superando ese pasado anómalo y extraño en términos de convivencia, y evitar que nuestros seres queridos vean su salud nuevamente en peligro, solo nos resta acudir a los centros vacunatorios y conducirnos de acuerdo con las orientaciones que ayudan a evitar el contagio masivo.

Toda esta ampliación del alcance del sistema de salud vino acompañada de una notoria inyección presupuestaria para dotarlo de insumos, ambulancias y equipos médicos, tramitada con transparencia y agilidad en un innovador proceso complementario de contratación virtual, que disminuyó costos administrativos y acortó tiempos. Solo en el último año, el presupuesto público previsto para el efecto tuvo como valor 1200 millones de dólares.

Finalmente, los médicos y enfermeros, que desde hace tiempo anhelan el mejoramiento de sus condiciones profesionales, finalmente están viendo lograda dicha expectativa. Con la implementación efectiva de la carrera de enfermería, 2.500 profesionales podrán ingresar al escalafón en una primera etapa que conlleva un proceso interno meritocrático. Por otra parte, más de 3.200 médicos, deseosos de que se reconozca plenamente sus carreras, están yendo a concursos que redundarán en mejores condiciones laborales.

El Estado tiene el deber inexcusable de proveer educación de buena calidad y sin barreras geográficas ni económicas que impidan el acceso a ella.

El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 es una ambiciosa iniciativa que busca afrontar, de forma seria y con espíritu de consenso, el necesario mejoramiento de la calidad de la educación, llevando el debate sobre su reconstrucción al seno de las comunidades. Diseñamos una herramienta que permitirá repensar la educación según las especificidades territoriales, lingüísticas y culturales, a fin de brindar a los estudiantes las competencias necesarias para un desenvolvimiento pleno. Como prueba de su éxito y acogida, los 17 consejos departamentales y de la ciudad de Asunción expresaron su adhesión a este instrumento.

El Estado paraguayo lleva adelante el programa de alimentación escolar, como parte de su obligación de generar las condiciones para que los niños accedan a la educación. Asimismo, entrega becas, kits escolares e incorpora infraestructura tecnológica y conectividad en las instituciones educativas. Para lograr esto, hemos tenido una inversión de 152 millones de dólares del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, lo que representa un incremento del 94 por ciento en la ejecución, en comparación al gobierno anterior.   

Los docentes, quienes son el engranaje fundamental del sistema educativo, reciben asesoría pedagógica para paliar los efectos de la pandemia y son parte de un proceso de incorporación de recursos educativos digitales. Además, como parte del compromiso con dignificar sus carreras profesionales, recibieron un aumento salarial importante.  

La “Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia – Kunu’u” aspira asegurar que todos los programas sectoriales, identificados como esenciales en el sistema de protección social, puedan concurrir oportunamente para los niños y niñas en los mismos territorios.

Una de las acciones más llamativas y destacables realizadas en el marco de esta estrategia, es la aprobación del proyecto “Atención Integral a niños y niñas de 0 a 3 años en Capital y 10 departamentos con Enfoque Comunitario”. Actualmente, se encuentran en funcionamiento espacios de desarrollo infantil, que permiten la atención de niños y niñas tanto a través de los centros instalados y de educadores itinerantes.

Por su parte, el “Programa Abrazo” garantiza la asistencia económica a las familias previstas en su rango de acción, distribuye la cesta de alimentación básica y brinda medidas de protección a niños, niñas y adolescentes expuestos al trabajo infantil.

La protección de los derechos de las mujeres hace parte del sistema de protección social. “Ciudad Mujer Móvil de la Gente” implica un servicio dirigido a las mujeres en sus comunidades, a través de un sistema de atención itinerante que, articuladamente, promueve el empoderamiento y la autonomía. “Ciudad Mujer” sigue siendo el modelo de intervención multinivel que permite promover derechos de las mujeres. La existencia de políticas como ésta y su fortalecimiento respectivo, sobre todo durante los tiempos más duros de la pandemia, significó apostar por una atención extendida y con perspectiva igualitaria hacia la realidad de las mujeres.

Las instituciones y convenciones de los pueblos indígenas guardan relación con el derecho colectivo a su autodeterminación. En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo aprobó el “Plan Nacional de Pueblos Indígenas”, que tiene como propósito la identificación de las acciones prioritarias que efectivizan los derechos de las distintas comunidades. Este instrumento normativo fue armado de manera participativa con los diversos delegados designados para el efecto.

Por otro lado, más de 1000 hectáreas fueron adquiridas y distribuidas en los departamentos de Caaguazú y Presidente Hayes, como parte del aseguramiento territorial. De igual modo, se cumplió con adjudicaciones pendientes, como las 18 mil hectáreas pertenecientes a la comunidad Totobiegosode y las más de 7 mil hectáreas de la comunidad Xamok Kasek. También se realizaron inversiones en proyectos de desarrollo para garantizar a los pueblos el acceso al agua y viviendas, así como el apoyo a su producción agrícola y ganadera.

En lo que concierne a los títulos finiquitados como parte de la política de acceso a la tierra rural, este gobierno hasta ahora entregó más de 4 mil doscientos títulos, número que muestra un verdadero avance con relación al periodo gubernamental anterior.  

En el marco de la política habitacional, se han construido más de 20 mil viviendas, debiendo considerarse que existen unas 8 mil que se encuentran en proceso. Nos proponemos superar el número de 30 mil al final del periodo presidencial. Es importante señalar además que los programas correspondientes a esta política hacen parte de la estrategia de reactivación económica.

Entre lo más importante se halla el Fondo Nacional de la Vivienda Social, por medio del cual el gobierno entrega subsidios a la población más vulnerable, con criterios de focalización. En lo que a la clase media respecta, el Programa “Mi vivienda” provee asistencia a familias con ingresos medios, para viabilizar el acceso a una vivienda digna, de categoría económica y en zonas urbanas, con un aporte estatal inicial, acompañado de un sistema de financiamiento a través de nuestra banca de segundo piso. Tampoco hay que olvidar otros proyectos igualmente relevantes y que pretenden dar respuesta a necesidades insatisfechas, como el de barrio San Blas en Mariano Roque Alonso o el de Chacarita Alta en Asunción.

En un país como el nuestro, donde todavía queda mucho por hacer en materia de infraestructura, todo gobierno debe orientarse ciertamente a planificar y desplegar proyectos en este campo. Sin embargo, no siempre la programación y el desarrollo de las obras públicas están subordinados al verdadero interés nacional, como ha sido en mi gobierno, en el que los intereses económicos de los grupos de poder no lograron marcar la agenda del régimen de inversión.

Además, no puede desconocerse que el programa de inversión pública estuvo concebido y ejecutado con una fuerte sensibilidad contextual, como parte de las herramientas implementadas para amortiguar los embates económicos, recibidos a causa de las diversas crisis que padecimos, empezando por la sequía, pasando por la pandemia y experimentando actualmente el escenario bélico internacional.

Al haber construido más de 3.200 kilómetros de asfaltado, este gobierno ha erigido un récord respecto a todos sus predecesores, superando en demasía a la administración que nos tocó suceder. Ejecutamos 1.000 millones de dólares por año, generamos 260 mil empleos y tenemos en construcción obras públicas por casi 4.000 millones de dólares. Aunque los números hablen por sí solos, vale recordar, otra vez, que toda esta gestión tuvo como enfoque estratégico transformar la vida de todos los paraguayos. Así, 30 distritos que anteriormente se hallaban postergados y prácticamente en situación de aislamiento, hoy tienen mejor acceso a los mercados y sus familias sienten la presencia del Estado que los acerca a las escuelas, hospitales y otros sitios esenciales. Hemos tendido puentes en todo el sentido de la expresión.

En esa línea de incidencia táctica, con la mente puesta siempre en beneficiar a la mayoría, llevamos a cabo obras icónicas que terminarán por redefinir las reglas de la logística. Así debe entenderse la construcción del corredor bioceánico y el puente respectivo, que conectará las aguas profundas del Atlántico con las del Pacífico, convirtiendo a Paraguay en el protagonista del corredor logístico y económico más importante de la región. Los puentes “Héroes del Chaco” y “De la Integración” asegurarán las oportunidades para nuestros productos en los mercados más demandantes del mundo.

Por otra parte, con la constante óptica de promover a los sectores de nuestra actividad económica, estamos construyendo la “Ruta de la Leche”, que favorecerá especialmente a los productores del Chaco. Tampoco pueden dejar de mencionarse otras obras de carácter emblemático como el “Corredor Agroindustrial” y el “Corredor a Concepción”, en el Departamento de San Pedro, así como la reconstrucción del tramo “Pozo Colorado-Concepción”. A su vez, se encuentran en plena marcha obras civiles como la “Costanera Sur”, el “Hospital de Coronel Oviedo”, el “Gran Hospital del Sur” y la “Defensa Costera de Pilar”, las cuales están pensadas según la misma lógica de priorización del desarrollo de infraestructura.

La Administración Nacional de Electricidad juega un papel preponderante en el proyecto de país que tenemos en marcha. Su gestión nos llevó a alcanzar un lugar que desde hace tiempo anhelamos: ser el único país del mundo con fuente de generación de energía eléctrica 100 por ciento limpia y renovable.

Teniendo como norte la soberanía energética, se han puesto en servicio las respectivas líneas de transmisión de 500kV, concretándose así la posibilidad de retirar completamente la energía generada en Yacyretá, perteneciente a la República del Paraguay. Respecto a Itaipú, continuamos con la ejecución de las obras de construcción de la línea de transmisión en doble terna y de la futura Subestación Yguazú, que harán factible el retiro del 100 por ciento de la potencia que nos corresponde.

En diciembre de 2021, la energía eléctrica por fin aterrizó en la última localidad que carecía de ella: Bahía Negra. Además de posibilitarse el desarrollo en cada uno de los puntos del territorio nacional, con esto se garantiza que sus pobladores tengan a disposición energía limpia y renovable.

El carácter positivo de la administración de la ANDE se desprende también del récord en materia de ejecución de obras de infraestructura. Con el mayor monto invertido en todos sus años, nos sentimos complacidos de haber alcanzado un total de 311 millones de dólares. A través de una licitación pública internacional, se ha adjudicado la construcción de la nueva subestación de Valenzuela, a la que llegarán 5 líneas de 500kV y será la más importante del país.

La maquinización del Brazo Aña Cuá es la obra de infraestructura más grande de al menos los últimos treinta años. Con ella incrementaremos en un 10 por ciento la generación de energía en Yacyretá.

El Estado paraguayo, utilizando a su empresa de servicios sanitarios, logró acrecentar de manera histórica la capacidad de producción de agua potable, habiéndose alcanzado como récord más de 200 mil metros cúbicos/día, número ampliamente superior a todas las administraciones que precedieron a mi gobierno.

En materia de inversión privada, se asignaron incentivos industriales que ayudaron a potenciar el desarrollo de la agroindustria, la fabricación de autopartes, la producción de manufacturas de aluminio, la fabricación de productos de plástico, las confecciones y los productos farmacéuticos.

El crecimiento de la inversión privada es un dato no menor y guarda relación con el ambiente de negocios que estamos conservando. A pesar de la crisis económica y sus consecuentes efectos, propagados por toda la región, Paraguay está entre los 5 países de América Latina y el Caribe que presentó un crecimiento de la inversión extranjera directa. Asimismo, en estos cuatro años de gobierno, con más de 4.000 millones de dólares, la inversión privada aprobada se ha duplicado con relación a la administración anterior.

Entre esas inversiones emblemáticas se encuentra Paracel, que sigue su curso de avance y, recientemente, obtuvo la licencia para producir y transportar energía de manera independiente, con la construcción y operación de una planta de celulosa de eucalipto de clase mundial, cuya energía renovable será suministrada parcialmente a la red eléctrica nacional.

Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 80 por ciento del empleo en nuestro país. Este sector está siendo fuertemente apoyado por el Gobierno Nacional en distintos niveles, proveyéndose créditos en condiciones accesibles mediante entidades financieras públicas, exonerándose multas y ofreciéndose capacitación continua. El mecanismo introducido a través de la Ley de Empresa por Acciones Simplificadas empieza a rendir sus primeros frutos y ya llevan registradas más de 2 mil empresas, la mayoría de ellas del sector MIPYMES, a las cuales permite formalizarse de manera acelerada.

El año pasado, nuestra exportación de manufacturas de origen industrial estuvo por los 1300 millones de dólares, la mayor cifra de la historia. Los envíos al exterior de autopartes plásticos, productos farmacéuticos químicos, prendas de vestir y otros, equivalen a todo el complejo de exportación cárnica de nuestro país. Nuestra plataforma logística y de inversión, con su diversificación, deja ver su seguridad y amplitud tanto para el capital nacional como el extranjero.

La crisis climática es un desafío que nos obliga a transitar vías sostenibles de adaptación. Para ello, buscamos el aprovechamiento de fuentes de energía alternativas como el hidrógeno verde y la energía solar. También, hemos ampliado el marco de protección de los bosques nativos en la Región Oriental e incorporado incentivos fiscales que propenden a su conservación.

Finalmente, quisiera culminar refiriéndome a la idea de reformar el Estado, cuestión compleja que puede entenderse de distintas maneras. El Poder Ejecutivo, con responsabilidad y en un sentido acotado, planteó la discusión poniendo sobre la mesa la necesidad reconfigurar ciertas reglas que rigen la administración pública y su relacionamiento con la población.

Todas las proposiciones de leyes que se han llevado adelante tienen entonces un presupuesto común: nuevas reglas que permitirán potenciar el desarrollo económico y social.

La agenda legislativa concebida por el Poder Ejecutivo tiene como aspiración revitalizar diversos campos institucionales. Hemos logrado simplificar el sistema tributario, orientar el gasto público hacia los resultados, insertar al país en la cooperación internacional en materia fiscal, crear una nueva institución jurídica vinculada a las actividades de las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, discutir la reforma del Estado es un proceso de largo aliento. Otras propuestas normativas, ya presentadas y por presentarse al Congreso de la Nación, se encuentran en trámite. Un nuevo régimen para prevenir y evitar el conflicto de intereses, propio de cualquier sistema institucional que se reconozca como republicano y formador de la virtud cívica, se encuentra a consideración del Poder Legislativo. Propusimos una nueva ley para contratar con el Estado, que introduce un enfoque innovador tras casi veinte años del mismo paradigma en las compras públicas, y tiene como finalidad mejorar los precios y garantizar la transparencia en la provisión de bienes y servicios.

Asimismo, se encuentran en estudio y debate, dentro del Poder Ejecutivo, otros proyectos relacionados con la gobernabilidad de las instituciones y el desarrollo de mecanismos relacionados con la participación, la deliberación pública, la meritocracia y la rendición de cuentas.

En poco más de un año dejaré de ser presidente de la República. Estoy cumpliendo este servicio público en uno de los periodos más difíciles de la historia. Culminada esta rendición de cuentas anual, mirando el pasado difícil que atravesamos y pensando de cara al futuro, quiero agradecer a la ciudadanía en general, por habernos puesto todos juntos a disposición de la patria, para mantener en pie nuestras instituciones políticas y nuestra forma de vida. Esa es la tarea que me alimenta el alma, y por la que trabajaré incansablemente hasta el último día de mi mandato. Todo lo que hago, con aciertos y errores, se fundamenta en el amor que siento hacia la patria y por el pueblo paraguayo.

 

Agradezco como siempre a Dios y a mi familia por su guía y compañía. Muchas gracias.